Obras del colegio Jaume I
Foto: Google

Algeco Construcciones Modulares, S.A., empresa que alquila las aulas prefabricadas del colegio público Jaume I en Vinaròs y otras dos más en el IES Vilaplana, así como en otras localidades españolas, ha sido multada recientemente con 1,59 millones de euros.

Esta sanción ha sido anunciada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entidad que consideró probada la existencia de un cártel conformado por varias empresas que, entre 2008 y 2013, adoptaron acuerdos de fijación de precios y reparto de adjudicaciones y clientes.

Estas prácticas constituyen una infracción muy grave, según establece la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. La suma total de sanciones a las siete empresas implicadas alcanzaría los 9,3 millones de euros, si bien en el caso de Algeco, la CNMC ha decidido finalmente otorgar la exención de la multa a su casa matriz y filiales.

Esto, indica, “como resultado de la aplicación del Programa de Clemencia, al ser la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron ordenar inspecciones en relación con este cártel”. Por otro lado, a Alquibalat también se le redujo un 30% el importe de la sanción, que pasa de 461.847 euros a 138.554.

Este es el desglose y la cuantía de las multas impuestas a las siete empresas:

  • ABC Arquitectura Modular, S.L.: 144.241 euros, de los que resulta responsable solidaria su matriz Agro Inmobiliaria, S.L.
  • Algeco Construcciones Modulares, S.A.: 1,591 millones de euros, de los que resulta responsable solidaria su matriz Algeco Scotsman Holding S.Á.R.L
  • Alquibalat, S.L.: 461.847 euros.
  • Alquileres Barceló Sáez, S.L.: 43.487 euros.
  • Arlan, S.A.: 90.475 euros.
  • Dragados, S.A.: 8,567 millones de euros, de los que resulta responsable solidaria su matriz ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
  • Renta de Maquinaria, S.L.: multa de 340.868 euros, de los que resulta responsable solidaria su matriz Calem, S.A.

¿En qué consistieron sus malas prácticas?

Entre las prácticas anticompetitivas mencionadas, la CNMC destaca la fijación de precios y el reparto de clientes, además de la adopción de acuerdos para repartirse las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados en el mercado español, tanto para la fabricación, como para el alquiler y venta de construcciones modulares.

Estas estructuras se utilizan, de forma individual o combinada, como estancias temporales o permanentes para distintos servicios, aunque en este caso estaban destinadas principalmente a instalaciones educativas (como colegios e institutos públicos), en las Comunidades Autónomas de Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. 

“Las conductas vulneradoras de las normas destinadas a garantizar la transparencia en la contratación administrativa y la selección de la oferta más ventajosa, son especialmente dañinas, al suponer un encarecimiento del coste que debe soportar la Administración y, en última instancia, los ciudadanos”, agrega la CNMC.

El expediente sancionador se inició en 2013, después de que una de las empresas vinculadas al cártel presentara una solicitud de clemencia. Por otro lado, otras empresas investigadas, como Etxekit, S.L., Representaciones Norte, S.L, Sistemas Modulares Goikoa, S.L  y Vallas y Casetas Brun, S.L., quedaron libres de duda.

Contra esta resolución, Competencia indica que no se puede presentar ningún recurso por la vía administrativa, por lo que en caso de querer recurrir, las empresas deberán hacerlo por medio de la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses.

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