Foto: Wikipedia

Fuentes de Hacienda en la Comunidad Valenciana han informado hoy a los medios de comunicación que la Comisión Europea tiene un expediente abierto relacionado con un contrado entre la sociedad pública del Aeropuerto de Castellón y SNC Lavalin, por sospechas de que se recibieran ayudas estatales ilegales. Esta polémica salta apenas cinco días antes de que las instalaciones reciban el primer vuelo regular de Ryanair, previsto para el próximo 15 de septiembre.

Ante estas dudas, Bruselas ha realizado una petición de información con los detalles del contrato, planes de viabilidad del aeropuerto y las condiciones pactadas con la compañía irlandesa Ryanair, para averiguar si estas negociaciones también involucran capital público. Desde el Gobierno valenciano se ha explicado que se están atendiendo las solicitudes europeas, para que el aeropuerto pueda ser viable. Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ha asegurado que se están revisando todos los pormenores de este contrato.

Desde su inauguración, en marzo de 2011, el aeropuerto ha estado envuelto en diversos escándalos. Carlos Fabra, que en aquel entonces fungía como presidente de la Diputación de Castellón, y Francisco Camps, expresidente de la Comunitat, fueron sus principales impulsores. Teniendo en cuenta estos antecedentes, Puig ha indicado que es preocupante el requerimiento de la Comisión, pues “ya suficiente tenemos con la crisis abierta con la Ciudad de la Luz, solo faltaría sumar otra nueva”.

En este contrato, se le concede a la empresa canadiense SNC Lavalin la gestión y explotación de la infraestructura aeroportuaria durante 20 años, a cambio de 25 millones de euros, de los cuales ya se han abonado seis en un periodo de año y medio. Se trata de una compañía con experiencia en el sector, que opera en unos cuarenta países en temas de construcción, ingeniería y concesiones de infraestructura.

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