La Guardia Civil ha detenido a la directora y responsable de una protectora de animales por su relación con la muerte de casi 500 animales. Se le imputan los delitos de maltrato animal, falsificación de documentos e intrusismo profesional, ya que durante más de una década dio muerte a casi 500 animales de la protectora, ejerció funciones de veterinaria sin estar titulada y falsificó documentación relacionada con la actividad.

La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento del posible ejercicio de prácticas ilegales en dos establecimientos de una protectora de animales de El Baix Ebre (Tarragona).

Durante el pasado mes de septiembre los agentes, tras inspeccionar las instalaciones de la protectora para comprobar el estado de los animales detectaron ciertas irregularidades, como administración de vacunas, expediciones de recetas y tratamientos veterinarios realizadas por personas no tituladas.

Desde el inicio de la actividad de la protectora, varias fundaciones y asociaciones se vincularon a la misma mediante convenios de colaboración para realizar adopciones y financiar el mantenimiento de los animales en los centros de acogida, llegando a pagar por adopción entre 300 y 350 euros.

Para obtener un mayor beneficio, los responsables de la protectora prescindieron de los servicios veterinarios para el diagnóstico de enfermedades, realizar pruebas y administrar vacunas.

Otra de las actividades que llevaban a cabo era sacrificar a los animales en el centro atendiendo a criterios exclusivamente económicos, ya que recibían una aportación de las administraciones públicas por la recogida del animal de la vía pública. Cuando el animal estaba enfermo o su adopción era difícil lo sacrificaban. Se pudo verificar que tenía una elevada tasa de mortandad, alcanzando su punto álgido entre los año 2013/2015 con una media de 95 muertes anuales.

En el registro efectuado en el domicilio de la principal investigada y en el centro se descubrió que disponía de material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias en blanco, diferentes medicamentos y vacunas, incluso una mesa quirúrgica para las operaciones. También se comprobó que un veterinario titulado era el que le facilitaba los microchips y las cartillas sanitarias en blanco, sin que verificara posteriormente el uso que se hacía.

Asimismo, mediante la falsificación de recetas de veterinarios titulados, adquiría medicamentos en diferentes empresas distribuidoras de las provincias de Barcelona y Zamora.

Por dicho motivo tras prestar declaración en dependencias policiales fue puesta a disposición del juzgado en funciones de guardia de Tortosa. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (DEPRONA) del parque natural del Delta de l’Ebre.

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