Foto: Google Maps

La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (APLACA) ha solicitado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinaròs, 12.000 euros por cada potencial afectado en los terremotos que se asocian con la puesta en funcionamiento de dicha plataforma de gas.

Esta suma es en concepto de fianza por responsabilidad civil y en total el montante supera los 1.000 millones de euros, al multiplicar el número de potenciales afectados (86.284) por la suma estimada como base del perjuicio sufrido por cada residente.

Según los representantes de APLACA, “el temor, la angustia y la incertidumbre que los vecinos sufrieron durante años es indemnizable, tal y como el propio Juzgado de Instrucción reconoció en una resolución que fue dictada el pasado 11 de febrero de este año”.

Esta acción contra los investigados, por tanto, tiene como objetivo evitar una posible declaración de insolvencia por parte de la empresa promotora del proyecto, ESCAL UGS, que dejaría sin posibilidad de indemnización a los afectados. “Esta sociedad es meramente instrumental e indisolublemente asociada a Castor, por lo que cabe pensar que pronto pueda quedar vaciada patrimonialmente”, sostiene APLACA.

Uno de los indicios que lleva a pensar este posible, de hecho, es el reciente cambio de domicilio social que publica el Registro Mercantil, además de que la empresa no disponga de página web. Para los abogados de APLACA, este caso tiene algunas similitudes con el caso del hundimiento del buque “Costa Concordia”. 

El aquel procedimiento, explican, también se creó una Asociación de Víctimas, amparada por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, y se demandó a los responsables del hundimiento reclamando indemnizaciones por daños corporales y por perjuicio moral.

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