Foto: Video RTVE

Tras la respuesta del Gobierno a la consulta de la diputada Lourdes Ciurò sobre el reparto de la factura de 1.350,73 millones de euros por la indemnización al Castor, en la que no se descarta una reapertura, distintos organismos y fuerzas políticas se han pronunciado.

Uno de los primeros en hacerlo ha sido Greenpeace, cuyos representantes califican de “despropósito” la posibilidad de volver a poner en funcionamiento la plataforma, algo que se contemplaría en caso de que el resultado de los estudios en marcha fueran favorables y garantizaran la seguridad en la zona.

Para ecologistas como Julio Barea, una nueva inyección de gas comportaría seguramente nuevos episodios sísmicos, fenómeno que provocó el cierre de estas instalaciones hace dos años. “Todo esto es consecuencia de empeño del gobierno español de seguir apostando por las energías sucias”, agregó.

Por otro lado, el senador de Compromís, Carles Mulet, pidió que no queden en la impunidad las decisiones erradas del Gobierno y que repercutieron en un déficit millonario que terminará siendo pagago por los consumidores durante 30 años.

El Partido Popular (PP) de Castellón también se ha sumado a las interpretaciones de las últimas declaraciones de Industria sobre el tema, pero en un sentido distinto al asegurar que no existe ningún cambio de criterio respecto al polémico futuro del Castor.

En este sentido, Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, explicó que se están estudiando “todas las aristas” que tiene este proyecto y que, por el momento, la decisión es dejar el almacén en hibernación.

Añadió que este seguirá manteniéndose y siendo controlado de manera exhaustiva, mientras se “realizan los estudios geográficos y geológicos oportunos para que no haya ningún tipo de duda sobre que pueda ser causa de nuevos temblores”.

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