Foto: Facebook/ Enric Pla

El sindicado CSI·F alerta sobre la preocupante situación en la que se encuentra el Departamento de Dermatología del Hospital Comarcal de Vinaròs, donde tras la baja de un médico especialista hace 5 meses, el único desmatólogo que queda tiene que acudir a trabajar con un brazo roto.

El afectado ha pedido amparo a la Comisión Deontológica de la Organización Médico Colegial de España, pues considera que está trabajando en condiciones negligentes. Según el sindicato, los melanomas y carcinomas de los pacientes que acuden al hospital podrían estarse detectando demasiado tarde, poniendo en riesgo su vida por la falta de personal.

Ante estas circunstancias se ha instado a la Conselleria de Sanidad a que ponga solución inmediata a estas carencias, para que los ciudadanos tengan la asistencia adecuada. “Este médico está antendiendo una media de 30 pacientes diarios con cita, más las consultas sin cita previa y la interconsulta de pacientes ingresados y los derivados de Urgencias, así como las consultas derivadas por los médicos de Atención Primaria desde sus respectivos centros de salud”, señalan.

El especialista considera que en estas condiciones no puede prestar la asistencia adecuada y que “ello pueden suponer un riesgo muy importante para el paciente, pudiendo derivar estos retrasos en una extensión metastásica y un mal pronóstico de la enfermedad” en pacientes en lista de espera quirúrgica con sospecha de melanoma o carcinoma epidermoide, donde la detección temprada es primordial.

El galeno incluye en su carta de denuncia pública, otros ejemplos de errores o retrasos diagnósticos preocupantes, como por ejemplo en patologías como la psoriasis, en las que el uso de fármacos como el metrotrextato requieren de analíticas frecuentes y que no pueden atenderse como se debería, lo que podría derivar en una hepatitis farmacológica o una insuficiencia renal.

El sindicato concluye que tomará medidas urgentes en caso de que no se solucione esta problemática en los próximos días, pues estos hechos pueden acarrear responsabilidades de orden civil, patrimonial o penal para la Administración Pública, el Hospital o el personal dependiente del centro.

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